La Paz, 19 ago. - La Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, aprobó este miércoles una Declaración Camaral para que el Gobierno entregue salvoconductos a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Culturas, Wilma Alanoca y el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna, pese a que son procesados, en el marco del caso fraude electoral, suscitado los comicios de 2019.
Mediante un comunicado emitido en febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, en el marco del Derecho Internacional, la Constitución Política del Estado y la normativa vigente, esa cartera de Estado es la única que puede remitir los salvoconductos a sus receptores, una vez que la decisión sobre su otorgación es tomada por el Gobierno.
También la Cancillería señaló que la decisión de emitir salvoconductos es una medida que requiere previamente la realización de un análisis judicial y policial de los posibles beneficiarios.
En tanto, la comisión de Diputados también pide que se otorguen salvoconductos a los exministros de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Javier Zavaleta; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez.
Las siete exautoridades se encuentran asiladas en la Embajada de México, desde fines de 2019, tras la crisis postelectoral.
El presidente de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Gonzalo Aguilar (MAS), indicó que dicha declaración es una postura de los legisladores del MAS y que se pedirá que el pleno de Diputados la apruebe para que el Ejecutivo la analice, aunque aclaró que no está obligado a cumplirla.
La declaración está firmada por los diputados del MAS, Betty Yañíquez, Víctor Borda, Franklin Flores, Sonia Brito, Celia Bonilla y Brigada Quiroga.
Ante esto, el diputado Gonzalo Barrientos (UD) indicó que los legisladores del MAS, al efectuar la petición, se convierten en cómplices de las exautoridades para que huyan del país, pese a que algunos están implicados en el proceso por el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
"Que el Legislativo se entrometa en otras competencias nos muestra el abuso de poder del MAS, con sus dos tercios, y su doble discurso de que los legisladores se conviertan en cómplices para que escapen Quintana y otras exautoridades, las cuales deben rendir cuentas a la Justicia por el fraude electoral", aseguró.
En noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra Quintana por los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros.
La denuncia fue realizada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a las declaraciones que hizo Quintana, antes de la renuncia del presidente Evo Morales, en la que dijo que Bolivia se iba a convertir en un Vietnam moderno.
El Ministerio Público también ordenó la detención de la ministra Alanoca, involucrada en el caso de las bombas molotov y del exdirector de Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) por cargos relacionados con la presunta manipulación del recuento de votos de los comicios del 20 de octubre.
Barrientos cuestionó además que la declaración haya sido aprobada de forma tan rápida, cuando hay otros proyectos de ley que están paralizados como los créditos externos para la lucha contra el COVID-19 y la reactivación de la economía, además de la asignación del 10% del presupuesto para el área de salud. (ABI)
