20 de Jun.- La Fiscalía General del Estado concluyó, en la fase final de la audiencia de Juicio de Responsabilidades del caso denominado Octubre Negro, que las Fuerzas Armadas actuaron en contra de sus propias reglas escritas en el Manual de Uso de la Fuerza, que regulaba el uso de armas de fuego y en qué circunstancias.
El general Juan Véliz Herrera, en su calidad de comandante del Ejército de Bolivia, durante el Gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, redactó y puso en vigencia el mencionado manual, que tenía por objeto regular el uso de la fuerza y el empleo de las armas.
La Fiscalía argumentó que principios básicos como la proporcionalidad, racionalidad y discriminación para el uso de armas establecidas en este documento militar fueron ignorados por la entidad castrense.
Entre las principales razones figura el principio de proporcionalidad que dice que no se debe usar armas de fuego contra personas desarmadas. Sin embargo, en los hechos sangrientos de septiembre y octubre de 2003, se actúo contra personas que no portaban armas.
Lo anterior, según la Fiscalía, es una prueba de que los acusados en su derecho a la libertad probatoria irrestricta no pudieron desvirtuar, ya que no presentaron a ningún testigo que diga que las víctimas portaban armas de fuego.
El principio de la racionalidad señala que para utilizar armas de fuego los militares deben realizar una advertencia verbal, situación que no ocurrió en los hechos de 2003 porque más del 80% de los testigos y víctimas presentes en el juicio jamás fueron advertidos antes de recibir una bala en sus personas; por el contrario, cuando el Ejército disparó lo hizo con saña, concluyó la Fiscalía.
Agregó que antes de los disparos, las FFAA no usaron agentes químicos ni disparos al aire como advertencia. Otro paso incumplido fueron los disparos en partes no vitales, pues el 87% de las víctimas de la masacre de septiembre y octubre recibieron los tiros de la cintura para arriba.
El auxilio a los heridos es otro punto vulnerado. Las víctimas señalaron que inclusive cuando estaban heridas, ningún militar las ayudó; por el contrario, fueron golpeadas y maltratadas hasta verbalmente.
El principio de discriminación también fue ignorado, para los militares dos niños fueron tomados como amenaza, una niña de ocho años fue asesinada y otra también murió con disparos en la terraza de su casa.(Cambio)