La Paz, 4 nov.- El general de Policía, Miguel Vásquez Viscarra, asumió el miércoles el Viceministerio de Seguridad Ciudadana con el reto de impulsare una política que neutralice la oleada delictiva que afecta al país.
Vásquez, de mucha experiencia y trayectoria en la institución verde olivo, fue comandante general de la Policía Boliviana, director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y hasta el martes ocupó el cargo de Jefe de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELIC), dependiente del Viceministerio de Defensa Social.
Vásquez fue posesionado el martes por el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en reemplazo del general Alberto Castillo.
Señaló que es posible neutralizar con acciones contundentes a las organizaciones criminales que operan en Bolivia.
Expresó su preocupación por el alto índice de criminalidad registrada en el país los últimos meses, pero subrayó su convencimiento de que es necesario aplicar un enfoque integral contra este problema en coordinación con las unidades de las Policía boliviana.
Recordó que el año 1985 se empezó a manejar el término de seguridad ciudadana y posteriormente en 1997 se plasmó en los planes operativos de la institución del orden.
Explicó que en el pasado la Policía no recibió el apoyo que presta en la actualidad el Gobierno del presidente Evo Morales con la dotación de vehículos, uniformes y mejores condiciones de trabajo para los efectivos.
Dijo que la seguridad ciudadana tiene que ver con principios importantes y con la participación solidaria de la ciudadanía, el conjunto de los poderes del Estado, en el marco de una estrategia en la que la Policía debe ser el eje operativo.
Admitió que "el tema de seguridad ciudadana requiere una respuesta inmediata que pasa por reformas al Código de Procedimiento Penal. Su permeabilidad hace que la justicia actúe con lo ilícito y no proteja a la víctima de las acciones delincuenciales".
Vásquez agregó que es necesaria la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la promulgación de la Ley de Armas y Municiones, la Ley de Reglamento de Tránsito y la Ley contra el Consumo de Drogas y/o Alcohol.
Enfatizó que estas medidas sumadas a la reapertura de granjas de rehabilitación con enfoque multidisciplinario, deben contar con la participación de las Alcaldías, Prefecturas y Universidades para evitar que jóvenes vinculados al delito no vayan a las cárceles comunes donde, lejos de rehabilitarse, toman contacto con la criminalidad.(ABI)
