La Paz, 16 oct.- Mañana se cumplirán nueve años de la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos y de la ‘masacre de octubre’ de 2003, que ocasionó 67 muertos y centenares de heridos de bala, en la cual se presume que participaron militares y la Embajada norteamericana.
Así lo afirmaron, por separado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el abogado de las víctimas de la masacre, Rogelio Mayta Mayta.
Quintana reveló un dato que es compartido por Mayta. “La masacre del 17 de octubre de El Alto estuvo dirigida por Gonzalo Sánchez de Lozada, pero por detrás estaban las manos siniestras de Estados Unidos. El dato que se debe recordar al país es que los funcionarios del grupo militar de Estados Unidos operaron como los asesores de la masacre del 17 de octubre en El Alto, ya que ocuparon las instalaciones del Estado Mayor y desplazaron al Alto Mando Militar”.
Afirmó que “fueron los gringos los que tomaron el mando en el Estado Mayor del Ejército cuando se produjo la masacre en El Alto, pero eso no lo dice ni Juan Ramón Quintana, ni el Gobierno, ni el presidente Evo Morales, lo dicen los oficiales que ese momento vivieron esta penetración vergonzosa del grupo militar de Estados Unidos durante la masacre de 2003”.
La participación de militares extranjeros fue evidente en los operativos que se realizaron en la ciudad de El Alto para trasladar los carros cisternas cargados de combustibles a La Paz, señalaron los familiares de las víctimas.
El abogado de los familiares de las víctimas afirma que aviones de la NAS (Narcotic Affairs Section) trasladaron militares de Cochabamba a La Paz para reforzar los operativos.
“Para trasladar las tropas del trópico a la Paz no sólo se utilizaron aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), sino aviones de la NAS, que son del Gobierno de Estados Unidos, los cuales también pueden estar implicados en la masacre”, denunció Mayta.
De acuerdo con el jurista, en esos hechos radica la decisión de la Casa Blanca de rechazar la extradición de Sánchez de Lozada y de sus colaboradores, entre ellos su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín.
“Si se autoriza la entrega de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín a la justicia boliviana, EEUU no solamente estaría entregando a sus sirvientes, sino que se expondrá a ser investigado acerca de su política intervencionista”, afirmó.
