Trinidad, 26 Jul.- La Fiscalía de Distrito del Beni imputó de manera formal al gobernador Ernesto Suárez por haber convocado, administrado y ejecutado el cuestionado referendo autonómico de 1 de junio de 2008, en el que se gastó 3.319.060 bolivianos de los recursos públicos destinados a la región.
Según la información de la Contraloría General del Estado, el gobernador del Beni es acusado por los presuntos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La imputación, realizada en base a un trabajo de la Contraloría, también involucra a los entonces Presidente del Consejo Departamental, Clemente de Roma Cárdenas Sanjinés; consejeros Fabián Antonio Rodal Coelho; Celín Silva Julio; Carlos Naggib Zeitun Oliva; Christian Marcelo Justiniano Fernández; Zajir Daguer Barba; Luis Fernando Simón Hiza; Elvira Lourdes Mavric Quevedo de Ibañez; César Román Vaca; Ginger Llapiz Leigue; Luis Fernando Selum Rivero y Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz.
De acuerdo a los argumentos del Ministerio Público, no solamente los acusados “destinaron recursos económicos distintos a los preestablecidos y programados por el POA en la gestión 2008, sino que ni siquiera estuvo presupuestado (…) no tenían atribución ni facultad legal ni constitucional para elaborar, aprobar y dictar (…) es irrefutable e incuestionable el daño al Estado boliviano”.
Entre los fundamentos jurídicos, la Fiscalía señala que el Artículo 6, numeral II, de la Ley del Referéndum, Nº 2769 del 6 de julio de 2004, establece que “en tanto no exista un Gobierno Departamental electo por voto popular, el Referéndum Departamental será Convocado por el Congreso Nacional”.
En la fecha que se llevó adelante el referendo, convocado solamente por autoridades departamentales, Suárez todavía era solamente prefecto y no gobernador del Beni.
Involucran miembros CDE
La denuncia de la Contraloría General del Estado también involucró a los entonces miembros presidenta de la Corte Departamental Electoral del Beni, Zulema Gutiérrez Ortiz de Chávez; y a los vocales Elfia Becerra Roca; Rossana Hurtado de Morant; Víctor Edgar Moreno Morales; y Ronald Martorell Roca.
Estas personas son cuestionadas por la suscripción de las Resoluciones de Sala Plena del 10 y 11 de marzo de 2008 y también son acusadas de los delitos por los que se imputó a Suárez y otros ex consejeros del departamento; además por presunta desobediencia a la autoridad.
La denuncia incluye al entonces nombrado Responsable de la Unidad Ejecutora (del referéndum en cuestión), Miguel Antonio Chávez Bacigalupo, por la ejecución presupuestaria de la consulta.(Erbol)
