La Paz, 30 Ene. (NAN).- El gobierno boliviano descartó este sábado llamar a una cumbre con movimientos sociales para considerar la elevación de los carburantes, porque dentro su agenda no se encuentra ningún “mini gasolinazo”, tal como anunciaron operadores políticos del MAS y el mismo vicepresidente Álvaro García Linera, apoyado en resultado de encuestas.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, César Navarro, dijo que no se realizará ninguna cumbre social, echando por tierra varias iniciativas y voces de apoyo de asambleístas y líderes de organizaciones sociales afines al MAS, que aseguraron que ahora la decisión está en manos del pueblo, en referencia a que el gobierno hizo la propuesta y el que toma la decisión es el pueblo.

César Navarro, viceministro de Coordinación Gubernamental.Navarro sostuvo que “el presidente Evo Morales está avocado a trabajar de manera directa con el tema de la producción desde el mes de enero” cuando se reunió con 320 alcaldes en la ciudad de Cochabamba para evaluar proyectos de dotación de agua potable y riesgo destinado a la producción agrícola.

El tema del gasolinazo, que el gobierno prefiere llamar nivelación de precios, fue repuesto por el vicepresidente García Linera, haciendo referencia a los resultados de una encuesta donde cerca del 60 % de la ciudadanía de La Paz y El Alto respaldaría la medida gradual, mientras que Santa Cruz apoyaría en un 50 por ciento.

La postura del segundo mandatario desató una ola de protesta y advertencias sociales desde la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sindicales que amenazaron con reeditar la jornada de rechazo nacional a lo que fue el gasolinazo decretado por el mismo García Linera cuando cumplía las funciones de presidente en ejercicio, mientras Morales se encontraba fuera del país.

Recientemente el jefe de bancada del MAS en Diputados, Edwin Tupa, dijo que se convocaría a una cumbre de los sectores sociales para debatir la necesidad de aprobar la nivelación del precio de los combustibles a la cotización internacional, lo cual significa levantar la subvención estatal que demanda un gasto de 450 millones de dólares anuales, en la idea de acabar con el contrabando de combustible desde Bolivia hacia países vecinos.

La oposición política le recordó al gobierno que optar por un mini gasolinazo generaría un caos económico porque después del decreto 748 firmado por García Linera, se desató una ola de especulación de precios y alimentos que ni el gobierno pudo controlar, dejando la responsabilidad a las alcaldías que se limitaron a la búsqueda de almacenes o depósitos de azúcar, sin visitar mercados donde la ama de casa siente en el bolsillo.

El analista económico, Alberto Bonadona, dijo que las secuelas del gasolinazo continúan y señaló que no es conveniente lanzar una revalorización del combustible, aconsejando al gobierno dejar pasar el tiempo hasta que los precios se estabilicen, aunque dijo que la medida en algún momento se tendría que dar.

Recomendó que para entonces, el gobierno tome medidas de prevención como pensar en una forma de compensar a ciertos sectores vulnerables, impulsar la producción y explicar claramente cuál será el mecanismo de estas mini apreciaciones de la gasolina. “Mientras tanto sería totalmente insensato lanzar una medida, aunque sea con mini ajustes. Si actuamos sólo en función a lo que dice el mercado vamos a tener un alto costo social y no creo que sea lo mejor para el gobierno”, advirtió.

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