La Conferencia Episcopal de Bolivia.La Paz, 13 Oct.- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera desautorizó nuevamente este miércoles a la Iglesia Católica para hablar de temas políticos o asuntos de gobiernos y aconsejó a sus miembros de ejercer actividades de su competencia.

La Conferencia Episcopal de Bolivia advirtió en días pasados que los artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo pueden generar riesgos al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas como la libre expresión y libertad de prensa, por lo que aconsejó al gobierno escuchar el pedido de sectores de la sociedad para que los alcances de ambas disposiciones sean revisados.

En opinión del vicepresidente esa posición corresponde a algunos jerarcas de la Iglesia cuya misión es salvar las almas, proteger y cuidar la salvación espiritual de las personas y dijo que no es bueno que crucen esos campos para hablar de temas políticos.

“La jerarquía católica que cumpla su trabajo de salvar almas pero están cruzando fronteras para meterse en asuntos de políticos”, sostuvo la autoridad durante una conferencia de prensa efectuada este miércoles en Palacio de Gobierno.

DESACREDITA CAMPAÑA DE FIRMAS

García Linera también invalidó la campaña que realizan los trabajadores de la prensa en todo el país recolectando firmas para respaldar una iniciativa legislativa ciudadana destinada a anular los artículos 16 que dispone el cierre de medios de comunicación acusados y sancionados de racistas y el 23 que incorpora al trabajador de la prensa a la material penal en lugar del tribunal de imprenta.

Según la autoridad esa campaña es impulsada por algunos propietarios de medios de comunicación a los que no identificó, lamentando que éstos estarían presionando y ejerciendo un matonaje a otros empresarios para ingresen a la protesta en contra de los artículos mencionados.

Advirtió que la campaña para una iniciativa legislativa es nula porque no existe una ley que regule el procedimiento, aunque admitió su constitucionalidad pero no su legalidad raíz de ese vacío legal.

El presidente anticipó que el gobierno no dará paso atrás en su propósito de aplicar el artículo 16, 23 y de toda la Ley de Lucha Contra el Racismo debido es un mecanismo destinado a imponer principio de autoridad para la defensa de los más discriminados de la sociedad.

En ese sentido anunció que este jueves comenzará la redacción del Reglamento de la Ley para que haga más operativa la disposición legal vigente desde el 8 de octubre cuando el presidente Evo Morales promulgó la ley sin escuchar el pedido de la prensa que se movilizan en todo el país recolectando firmas de adhesión ciudadana.

Ratificó que la voluntad del gobierno es convocar a todos los sectores, incluido los periodistas, para que participen en la redacción de ese reglamento que regulará las sanciones económicas, gradualidades hasta llegar al cierre y posiblemente el traspaso de la licencia de funcionamiento a manos de los trabajadores para evitar la pérdida de fuentes de empleo.

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