Potosí, 27 feb.- El canciller David Choquehuanca anunció la noche del viernes al sábado la disposición del gobierno de Evo Morales de elucidar en un referendo el acuerdo con Chile sobre las aguas manantiales del Silala que, nacidas en territorio boliviano, abastecen ciudades y minas del norte del país trasandino hace más de un siglo sin contraprestación alguna.
"Si es que el pueblo bolivianos recoge el 5% de firmas del Padrón Electoral (nacional de 5 millones de ciudadanos), nosotros tenemos que cumplir la Constitución. O la Asamblea Legislativa solicita que se lleve adelante un referéndum, nosotros estamos obligados" a acatar cualquiera de ambas posibilidades legales, afirmó durante Consejo Consultivo, del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), máxima instancia civil de la región en el sudoeste andino de Bolivia.
Choquehuanca explicó a los miembros del Comcipo los alcances del convenio alcanzado por los gobiernos de Morales y su homóloga chilena Michelle Bachelet sobre el Silala, que la semana pasada recibió el visto bueno de los campesinos y cívicos del cantón Quetena, en la provincia Su Lípez, en el sudoeste de Potosí y de Bolivia, donde surgen las aguas del Silala.
El Concejo Consultivo se presenta como la instancia definitiva de decisión.
"Tenemos que conocer estos elementos técnicos que necesitamos saber, el pueblo boliviano necesita conocer en caso de que lleguemos al referéndum, porque el pueblo tiene que saber", sostuvo el canciller boliviano.
"Me han preguntado a mí y me han dicho que ustedes (por el gobierno) van a llevar y yo he dicho 'que no', porque nosotros vamos a hacer lo que el pueblo boliviano quiere; eso está establecido", afirmó el canciller.
El Comcipo intimó el pago de la "deuda histórica que tiene que pagarnos por más de 100 años el gobierno chileno, las empresas trasnacionales que están usufructuando nuestras aguas", desde 1908, cuando, en virtud a un acuerdo de derecho privado internacional, se canalizó, artificialmente, por un sistema de canales, el agua de los bofedales que nacen en el catón Quetena Chico, en la jurisdicción de Potosí, al norte de Chile.
La organización sostiene que las aguas del Silala brotan de manantiales y, a contrapelo de lo que sostiene Chile, no es un curso continuo.
El acuerdo de 1908, cuatro años después suscripto el Tratado de Paz y Límites que dejó a Bolivia en condición mediterránea, tras la guerra de 1879 que la enfrentó con Chile, con la consiguiente pérdida de 400 km lineales de litoral y 120.000 km2 de territorios en el Atacama, involucró un comodato indefinido y sin contraprestación alguna de las aguas destinadas a la industria de locomoción a vapor.
"No vamos llorar sobre estos errores, tenemos que corregirlos y no tenemos que cometer los errores que han cometido las anteriores autoridades (bolivianas)", recalcó el ministro de Exteriores que expuso sus puntos de vistas ante el Consejo del Comcipo que se prologaba por varias horas, entrado ya el sábado.
Choquehuanca explicó en detalle el acuerdo con Chile, que se avino en reconocer los derechos bolivianos sobre las aguas del Silala que actualmente abastecen a ciudades del norte chileno y a la mina cuprífera de Chuquicamata, la mayor a tajo abierto del planeta y puntal del erario público del país trasandino.
En el acuerdo de 1908, suscripto por la Prefectura de Potosí y la ferrocarrilera Antofagasta Railway, "se habla de un Río Siloli (..) tenemos que analizar porque en algún momento los chilenos van a utilizar eso (y) ya tienen el proceso de negociación como en el caso de arbitraje internacional", advirtió.
Noventa años después de firmado el acuerdo, la administración constitucional de Hugo Banzer (1997-2001) revocó el comodato e intentó, luego de transferir a manos de privados, en calidad de concesión por 40 años, imponer un canon por los entre 12.000 y 14.000 litros de agua segundo que fluyen desde Bolivia a Chile.
La cancillería, entonces a la cabeza del embajador Javier Murillo de la Rocha arguyó que el objeto del acuerdo de 1908, a alimentación de locomotoras a vapor, había caído en el anacronismo.
Chile, entonces gobernando por el socialista Ricardo Lagos, argumentó que se trataba de un río binacional y negó el pago.
Merced al proceso de entendimiento encarado por Morales y Bachelet, entre 2006 y 2009, patente en la consideración de una agenda de 13 puntos, que incluye la demanda marítima boliviana que hace más de un século determina la relación bilateral, Chile ha propuesto pagar entre 3 y 5 millones de dólares año por el 50% de los recursos acuíferos que fluyen a su territorio septentrional.
La propuesta no tiene carácter retroactivo, algo con que el Compipo no está de acuerdo.
El acuerdo La Paz-Santiago también postula que una comisión científica multilateral estudie en terreno la jurisdicción de las aguas.(ABI)
